La crisis social en los sectores más vulnerables del país está a punto de profundizarse drásticamente tras un nuevo revés judicial que favorece los planes de ajuste de la administración central. La Cámara Federal de San Martín anuló el fallo de primera instancia que obligaba al Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, a sostener el programa «Volver al Trabajo». Con esta resolución, el Poder Ejecutivo Nacional obtuvo el aval judicial necesario para interrumpir de manera definitiva las transferencias monetarias directas a partir del mes de agosto, dejando a más de 900.000 trabajadores de la economía popular sin su único sustento mensual de emergencia.
El fallo de la Cámara desarma la protección dispuesta originalmente por el Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, quien había considerado que el desmantelamiento de la asistencia estatal constituía una medida regresiva e inconstitucional contra miles de familias sumidas en la pobreza estructural. Los camaristas, en sintonía con las metas de déficit cero de la gestión de Javier Milei, argumentaron que mantener la cautelar implicaba adelantar el veredicto definitivo de la causa, priorizando las formas procesales por sobre la urgencia alimentaria de los sectores informales.
«El hambre no espera«, denunciaron desde la conducción de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), apuntando contra lo que definieron como una abierta connivencia entre el Poder Judicial y la cartera que dirige Sandra Pettovello para avanzar con el recorte de los derechos adquiridos.
Impacto directo en Entre Ríos y Concordia: más desamparo en las barriadas
Las consecuencias de esta medida se sentirán con especial crudeza en el territorio entrerriano y, fundamentalmente, en la ciudad de Concordia, una de las localidades con mayores índices de informalidad y vulnerabilidad del país. El cese de los pagos —que oscilan entre los $78.000 y $80.000 mensuales— implicará la pérdida de millones de pesos que antes se volcaban directamente al consumo de alimentos en los comercios de cercanía.
Frente a este severo escenario de asfixia, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, bajo el mandato de Rogelio Frigerio, ha mostrado una absoluta inacción y falta de políticas de contingencia para amortiguar el impacto del ajuste nacional en las economías locales. Por su parte, en el plano municipal, la gestión del intendente de Concordia, Francisco Azcué, continúa sin diseñar programas locales de asistencia o generación de empleo que contengan la creciente emergencia social en los barrios populares de la ciudad, donde la eliminación de este programa profundizará de manera inmediata los índices de indigencia.
El polémico sistema de vouchers de capacitación
Con este guiño de los tribunales, el gobierno de Javier Milei, mediante la articulación del Secretario de Trabajo, Julio Cordero, avanzará en el reemplazo de la asistencia directa por un esquema de vouchers de capacitación laboral cuyos fondos serán derivados directamente a empresas y centros formativos.
Mientras las organizaciones sociales y la UTEP se han declarado en estado de alerta y movilización prometiendo profundizar las protestas callejeras, la administración libertaria defiende la eliminación del programa alegando el fin de la «perpetuidad del asistencialismo». De esta manera, el oficialismo nacional y sus réplicas provinciales consolidan un modelo de exclusión que traslada el costo del ajuste a los sectores que carecen de inserción en el mercado formal de trabajo.
