La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Concordia formalizó un comunicado de «enérgico repudio» ante la determinación de la Municipalidad de Concordia de disponer la cesantía de más de un centenar de empleados públicos. Desde la entidad gremial advirtieron que las desvinculaciones presupuestarias impactan sobre diversas áreas operativas de la administración local y ratificaron el inicio de un plan de acción institucional para la defensa de los puestos de trabajo de sus afiliados.
La conducción sindical detalló que entre el personal afectado se registran numerosas madres y jefas de hogar que pierden su sustento diario. Asimismo, los cuadros directivos de ATE cuestionaron que la actual gestión municipal priorice un modelo de tercerización de servicios esenciales mediante la contratación de empresas privadas y cooperativas externas, una dinámica que, según alertaron, agudiza los índices de desocupación en la economía civil de la región.
Dependencias municipales afectadas por las bajas
El relevamiento de las notificaciones de cese de actividades determinó que las desvinculaciones alcanzaron a agentes técnicos y operativos de las siguientes áreas de la comuna:
- Subsecretaría de Seguridad Ciudadana.
- Dirección de Salud.
- Central de Tránsito.
- Terminal de Ómnibus.
- Sector operativo de la Tarjeta SUBE.
El documento gremial enfatizó que estas medidas vulneran derechos básicos y evidencian una falta de planificación respecto al impacto socioeconómico directo de las cesantías en una estructura urbana con históricos indicadores de desempleo.
Cuestionamientos a las vías de notificación oficiales
A las impugnaciones de la estructura gremial se sumaron las declaraciones de la abogada y exfuncionaria de la administración local, María de los Ángeles Petit. A través de canales digitales de comunicación, Petit expuso de manera pública que las cesantías del personal fueron transmitidas formalmente mediante el envío de mensajes de texto por la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp.
La profesional criticó severamente la falta de presencialidad y de formalidad institucional por parte de las autoridades competentes a la hora de comunicar las bajas, vinculando el procedimiento con el escenario de desprotección e incertidumbre financiera que pasan a afrontar los núcleos familiares de los trabajadores desvinculados.
