EL CALAFATE.− Una hilera de casillas de madera construidas con pallets, toldos azules y negros, carpas de camping, banderas con inscripciones y tachos con fuego instalados en la puerta de la gobernación en Río Gallegos se convirtió en el epicentro del reclamo de mejoras salariales que llevan adelante policías y bomberos al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.
Las fuerzas policiales tienen como eje del reclamo que un agente recién ingresante que hoy cobra $1,1 millones reciba un aumento que lo lleve a $2,2 millones. Hasta el momento, las 11 propuestas de mejoras presentadas por el gobierno fueron rechazadas, en tanto que la Fiscalía de Estado realizó una denuncia tras el bloqueo que días pasados un grupo de retirados realizaron en la gobernación.
El reclamo policial se da un contexto de fuertes conflictos con los gremios estatales que en el primer semestre no recibieron aumento salarial. Hasta ahora, el gobierno de Vidal presentó como mejor oferta un 17,8% de aumento a pagar en cuatro cuotas, de julio a noviembre, pero ninguno de los gremios aceptó la oferta. Reclaman una compensación por la caída del poder adquisitivo de los primeros meses del año.
En este contexto, Vidal tiene en la Legislatura trabada por el kirchnerismo una autorización para tomar un crédito público internacional por US$600 millones.
La situación en Río Gallegos se tensó en las últimas horas, ante la llegada de un camión que descargó maderas para seguir construyendo casetas sobre la calle Alcorta, donde la protesta se vive con mayor intensidad. El espacio fue denominado “Carpa de la Dignidad”.
“Lo que llevamos adelante es un quite de colaboración, pero se atienden las guardias mínimas y las urgencias y emergencias están cubiertas”, confirmó el suboficial Felipe Gogol a LA NACION, vocero de los policías y también paritario en la Mesa del Salario, tal como se denomina la mesa de negociación que más preocupaciones le está acarreando a la gobernación.
“Nosotros pedimos que un agente ingresante, sin carga familiar, alcance los 2,2 millones de pesos”, detalla el policía, y asegura que actualmente los salarios de la fuerza están por debajo de la línea de la pobreza.
La protesta empezó a principios de junio, promovida por jubilados de las fuerzas en Río Gallegos. Con el correr de los días los agentes efectivos anunciaron un quite de colaboración. Hoy, según los voceros policiales, se encuentran plegados el 95% de los efectivos. Desde que empezaron las acciones, que no llegan a ser un acuartelamiento, como se registraron en 2012 durante el gobierno de Daniel Peralta, las fuerzas federales con asiento en la provincia se encuentran desplegadas, realizan controles y patrullas en las ciudades y también en las rutas.
Desde hace dos semanas, la paritaria policial está activa, pero sin resolución. El viernes, en una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, informó que los policías recibieron 11 propuestas salariales que reflejaron distintos mecanismos de actualización para el personal policial y de seguridad. Hasta ahora todas fueron rechazadas.
La ministra detalló las opciones y propuestas que fijaban valores de punto específicos para los meses venideros; otras opciones incorporaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como referencia de incremento entre julio y diciembre, para resguardar el valor del salario.
Dentro del conjunto de opciones analizadas, la de montos más elevados establece un valor punto de $2.282,80, lo que permitía proyectar un salario de agente inicial a $ 2.001.271. La propuesta tiene un “adicional transitorio” que mejora el suelo del ingresante, pero baja a medida que sube el rango policial. “Queremos que sea escalonado por igual, que aumente en todos los niveles, sino habrá un achatamiento de la escala y se pierde la pirámide de los sueldos”, reaccionaron los policías, que cuestionan tanto los montos como los plazos de pago.
El punto de mayor tensión institucional se registró el 23 de junio pasado, cuando un grupo de personas identificadas en su mayoría como retirados de la policía irrumpió en los jardines de la Casa de Gobierno alrededor de las 11 de la mañana.
El grupo bloqueó el acceso y el egreso por el portón principal e impidió incluso la salida del vehículo oficial de la Secretaría General de la Gobernación. Lo ocurrido quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio, fue constatado mediante acta notarial y derivó en una denuncia penal de la Fiscal de Estado, Natalia Linardi.
La presentación califica la conducta como atentado contra la autoridad, violación de domicilio y coacción (artículo 149 bis), y solicita una medida cautelar urgente para garantizar el libre funcionamiento de la sede del Poder Ejecutivo provincial. La Fiscalía de Estado advirtió que, en caso de que la Jefatura de Policía provincial no pudiera garantizar el orden, corresponde requerir la intervención de las fuerzas federales con asiento en la jurisdicción.
Para la Fiscalía de Estado, el accionar de los manifestantes −portadores de investidura policial− reviste una gravedad institucional particular e impidió el normal desenvolvimiento de las tareas de los funcionarios y agentes.
Desde el sector policial aseguran que no fueron efectivos, sino retirados de la fuerza quienes estuvieron esa mañana en la gobernación. “El reclamo lo llevamos adelante en absoluta soledad, no tenemos apoyo, no es nada contra nadie, estamos por un sueldo digno, no nos apoya ninguna bandera política, es un reclamo meramente salarial”, aseguró Gogol.
Fuente: La Nación
