Si hay una cuenta pendiente que caracterizó a la economía argentina en lo que va del siglo XXI es su bajísimo nivel de inversión privada -local y extranjera-, que a su vez explica la ausencia de un crecimiento sostenible y el estancamiento del Producto Bruto Interno.
No es para menos. Tras el estallido de la convertibilidad a fin de 2001, los sucesivos gobiernos acumularon un frondoso “prontuario” de incumplimientos de normas y contratos vigentes, que dejaron una marca indeleble de inseguridad jurídica y ahuyentaron la inversión de riesgo. Así surgieron más de 60 reclamos ante el Ciadi (organismo de arbitraje del Grupo Banco Mundial por diferencias relativas a inversiones), que en un 85% resultaron desfavorables al Estado.
El punto de partida fue la irresponsable declaración de default de la deuda externa, festejada en el Congreso entre ovaciones y lluvia de papelitos. Luego continuaría durante el kirchnerismo con la reestatización o confiscación de empresas privatizadas, “capitalismo de amigos” en obras públicas, extensos congelamientos de tarifas, subsidios a granel, creciente inflación disfrazada en los índices oficiales, controles de precios, cambio de reglas establecidas por ley, impuestos distorsivos, cepos cambiarios, prohibición de girar dividendos y pedidos de coimas para poder importar bienes e insumos o cobrar pagos del Estado.
El resultado de esos desatinos, junto con la sucesión de políticas económicas pendulares, fue que la Argentina se sumara al indeseable club de países con caídas de 15% en el PBI por habitante en la última década, que integraban Venezuela, Líbano, Siria, Yemen y Sudán, como explicó en 2024 el economista Ricardo Carciofi (exsubsecretario de Presupuesto e investigador del IIEP y de Cipec).
En la misma línea, un documento elaborado por la Fundación Mediterránea subraya que, si bien un proceso de crecimiento sostenido requiere un nivel de inversión en torno de 25% del PBI, la Argentina raramente superó el 20% (en 2007) y en los últimos años promedió el 16%. El deterioro más notable fue en el componente de Inversión Extranjera Directa (IED) que, salvo en años atípicos, nunca superó el 3% del PIB y en 2025 apenas alcanzó el 0,5%, en contraste con el 3,7% de Chile y el 3,4% de Brasil para el mismo año.
La escasez de IED también se refleja en el último informe de la Unctad (Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo) publicado este año. Con datos de 2024, muestra que la Argentina registraba un stock de US$175.500 millones, muy por debajo de Chile y Colombia (cada uno en torno de US$265.000 millones), pero mucho más lejos de Brasil (US$914.300 millones) y México (US$720.250 millones). Para más detalles, en 2010 la IED apenas alcanzaba a US$85.600 millones.
Punto de inflexión
Tres especialistas consultados por LA NACION coinciden en señalar que el cambio de rumbo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei, con equilibrio fiscal, apertura comercial, desregulaciones y Ley Bases, marcó un incipiente punto de inflexión en el interés inversor, incluso antes de que surgiera el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), hace poco menos de dos años.
Este régimen, que ofrece garantías de estabilidad jurídica, tributaria y cambiaria por 30 años no modificables por ley, está focalizado en ocho sectores con alto potencial para generar divisas (forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología y electromovilidad de vehículos, siderurgia, energía, petróleo y gas) e impulsa proyectos de inversión privada desde 200 millones hasta 900 millones de dólares. Esta columna lo definió en 2024 como un anabólico de acción rápida para estimular inversiones y exportaciones.
El sitio web del Ministerio de Economía informa que hasta ahora fueron aprobados 16 proyectos que implican inversiones por casi US$30.000 millones y 54.500 empleos directos e indirectos. También están en evaluación otras 25 iniciativas que totalizan algo más de $111.000 millones de inversión y 142.168 empleos.
Hace una semana el régimen sumó al primer proyecto de exportación estratégica de largo plazo (Peelp) con el complejo Vicuña, en San Juan, que integrará a los yacimientos de cobre Josemaría y Filo del Sol en San Juan. Allí las mineras trasnacionales BHP (australiana) y Lundin (canadiense) prevén una inversión inicial de US$9200 millones, generar 30.000 empleos directos e indirectos y exportar en el futuro por más de US$2600 millones anuales.
Dante Sica, exministro de Producción y socio fundador de la consultora Abeceb, que participó del armado del proyecto, señala que, más allá del RIGI, la mejora en el clima de inversión externa obedece a filiales de multinacionales con negocios en la Argentina que buscan activos locales baratos vinculados con la energía y la minería. Y aquellas con utilidades no distribuidas años atrás son autorizadas por sus casas matrices para recibirlas e invertir en el mercado de capitales.
Paralelamente, advierte mayor interés de empresas de la región (en especial mexicanas, brasileñas y peruanas) para comprar industrias o asociarse con las de alimentación o energía que no tienen acceso al mercado de capitales.
En cambio, destaca que la inversión privada proveniente de países de la OCDE (capitales canadienses, ingleses, europeos y asiáticos) está ingresando vía RIGI ya que consideran muy importante la posibilidad de un contrato directo con el Estado para elegir dónde litigar fuera de la Argentina. “Nos ven más rubios de ojos celestes, pero requieren estabilidad macro, pocas regulaciones y acuerdos”, dice. También cita el caso de empresas españolas interesadas en asociarse para futuras concesiones de servicios, que prefieren esperar el resultado electoral de 2027.
Por su parte, Carlos Melconian (expresidente del Banco Nación y director de la consultora MacroView) estima que el RIGI impulsa más proyectos de inversión en minería que en petróleo y lo atribuye al apoyo de los gobernadores de provincias mineras. “En petróleo si no invertís se cierra el pozo; es bueno y bienvenido que YPF produzca más y tenga socios privados”, dice.
En cuanto a la macro, el economista cree que el cepo a nivel empresarial va a seguir durante toda la gestión de Milei. “No habrá dólares oficiales, pero se pueden pagar importaciones, deudas y dividendos de 2025. Es para posicionarse en dólares, aunque la duda es quién continuará a Milei”.
A juicio de Marcelo Elizondo, presidente del comité argentino de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), que agrupa a 190 países, el clima de inversión está mejorando en la Argentina, pese a su reputación afectada por la ruptura de contratos y violación de garantías en el pasado. “Los inversores no piensan solo en un gobierno sino en el país. No se arregla en un solo gobierno ni en tres o cuatro años”, sostiene.
Aun así, señala que cada día se instala una empresa en el país, ya sea para importar, distribuir o asociarse, en tanto que las automotrices avanzan en líneas de productos. Paralelamente, desmitifica la visión de que la energía, la minería y el agro crean poco empleo. “Además de divisas y tecnología, generan bienes y servicios en zonas del interior del país y empleos indirectos a través de sus cadenas de proveedores y contratistas, y crearán polos exportadores en las provincias cordilleranas, que se sumarán a los de la Pampa Húmeda”.
En abril de este año, el esquema del RIGI fue complementado por el RIMI, un régimen similar para medianas inversiones de pymes en una escala que va desde 150.000 hasta 9 millones de dólares, según su tamaño. Establece un plazo de dos años para concretarlas, con amortización acelerada del impuesto a las ganancias para bienes de capital y obras destinadas a la producción. También un régimen de amortización especial, sin monto mínimo de inversión, para mejorar la competitividad agroganadera mediante la instalación de sistemas o equipos de riego y mallas antigranizo.
Como corolario, el oficialismo en Diputados logró aprobar hace una semana el dictamen de mayoría para tratar el proyecto de ley de “Súper RIGI”, con mayores beneficios para inversiones superiores a US$1000 millones. Por ahora, su cobertura abarca genéricamente a nuevas actividades económicas, entre ellas, proyectos relacionados con inteligencia artificial, desarrollo y fabricación de semiconductores avanzados, manufactura a gran escala de baterías de litio, nuevas tecnologías de almacenamiento de energía e industria aeroespacial de nueva generación, para las cuales fija un plazo de cinco años para presentar solicitudes, prorrogable por 12 meses por única vez.
Como baño de realidad, el informe de la Fundación Mediterránea advierte que los montos de inversión ya aprobados y en evaluación para el RIGI son muy significativos en términos absolutos, pero equivalen a 1,3 veces la inversión total de la economía en 2025 (US$109.000 millones, equivalentes a 16% del PBI). Si bien resulta una cifra impactante-agrega- no debe interpretarse como de efecto inmediato, ya que la dinámica de los sectores involucrados hace que los proyectos se ejecuten a lo largo de varios años, pero no alcanzan para dar el salto de una tasa de inversión del 16% al 25% del PBI. “El RIGI y el Súper RIGI operan en nichos específicos y generan proyectos que de otro modo no se ejecutarían en el país, lo que tiene una gran trascendencia. Pero como la brecha de inversión es sistémica, su solución también debe serlo”, concluye.
Fuente: La Nación
